Los pecados del padre



Dos noticias recientes merecen ser comentadas tanto por las reacciones que han generado y los significados que de ellas se pueden inferir, como por el lugar que tienen dentro de los planes del uribismo y cómo opera su aparato de propaganda en la realización de estos planes. Una es, por supuesto, el nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar como coordinador de la dirección de Víctimas del Ministerio del Interior y la otra, la propuesta de Carlos Holmes Trujillo (ministro de defensa, excanciller, canciller encargado, exprecandidato y precandidato presidencial del uribismo) de “buscar un acuerdo para modificar la implementación de lo pactado en La Habana”, esto último dicho durante el debate de control político convocado por el Centro Democrático para “evidenciar” los incumplimientos del partido FARC a los acuerdos de paz. Creo que ambos hechos hacen parte del plan de siempre (hacer trizas la paz), pero, además, creo que en ellos se revelan varios problemas que conviene revisar.


Empecemos con Jorge. Según la página de la Función Pública (horrible como todas las páginas web del Estado, dicho sea de paso), Jorge Rodrigo Tovar es abogado; tiene una especialización en Ciencias Penales y Criminológicas; algo en el exterior (no sé sabe qué ni en dónde) en Gestión de gobierno y campañas electorales, y un máster en el exterior (tampoco se sabe en dónde) en Alta Dirección Pública. En las distintas entrevistas que ha concedido esta semana, el nuevo coordinador de la Dirección de Víctimas afirma tener experiencia trabajando con estas y un compromiso con la paz del país. Jorge Rodrigo es, además, y por simple azar, hijo de Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como “Jorge 40”, excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Durante doce años, el Bloque Norte secuestró, extorsionó, contrabandeó, desplazó, descuartizó, violó, masacró, torturó y desapareció a (por lo menos) 3.500 personas, principalmente en los departamentos de La Guajira, César, Magdalena, Atlántico y Santander. Todo esto según declaraciones del propio Jorge 40.



De inmediato, y como era de esperarse, organizaciones de víctimas, políticos de distintos partidos, periodistas y líderes sociales reaccionaron ferozmente contra el nombramiento. De inmediato, también, todo el aparato de propaganda uribista (que por razones que se me escapan aún insistimos en llamar “periodismo”) comenzó su trabajo de hacer pasar por “debate público” otra de las tantas infamias cometidas por este gobierno que, aunque esté presidido por la encarnación misma de la insipidez, no deja de ser un gobierno de fascistas. No les costó mucho hacer pasar por “deliberación democrática” el nuevo exabrupto. Hay que concederles a Vicky y a Néstor que la experiencia como lambones ad hoc del régimen no ha sido en vano, y en menos de un día, y con admirable destreza, lograron posicionar como un debate sobre paz y reconciliación, lo que es, a todas luces, un ataque evidente contra la paz y las víctimas.


Se trata de un procedimiento complejo que, seguramente, ni Vicky ni Néstor, a pesar de ser sus principales ejecutores, entienden realmente. Al haber elegido ser lacayos del régimen, tanto Vicky como Néstor (y todos los demás propagandistas encabezados por Hassan Nassar, que ha estado particularmente callado estos días) renunciaron a la libertad que ofrece la comprensión: ante todo, los lambones son esclavos. Pero eso es otra discusión. Para entender cómo el nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar y las declaraciones de Carlos Holmes Trujillo hacen parte del plan del gobierno para hacer trizas la paz, y el lugar que en este plan tiene su enorme aparato de propaganda, debemos primero entender qué significa nombrar coordinador de la dirección de Víctimas del Ministerio del Interior al hijo de uno de los peores victimarios que ha tenido este país. Para eso, propongo que hagamos un pequeño contrapunteo entre los significados de este nombramiento y el modo en que algunos coordinadores de la Dirección Nacional de Propaganda (que existe de facto pero no de iure) han tratado el asunto.


Lo primero fue lo inevitable: la reacción feroz de los distintos sectores de la sociedad que se sintieron (con toda razón) atacados por ese nombramiento. Las redes sociales se inundaron de comentarios, trinos, estados de Facebook, memes, caricaturas y hashtags que calificaban el hecho como una ofensa a las víctimas; como un ataque al ya debilitado proceso de paz; como uno más entre los ya incontables esfuerzos de Álvaro Uribe, y el despropósito cognitivo que le sirve de presidente, para destruir los acuerdos de paz que, de realizarse integralmente, ponen en riesgo toda la estructura política de la cuál él es la cabeza principal. En cualquier caso, y como ha pasado ya antes, el uribismo soportó estoico esta primera embestida, conociendo como conocen (Álvaro, sobre todo) lo pasajeras que son las pasiones en Colombia. Pasadas unas horas y habiendo perdido algo de su fuerza inicial, los propagandistas empezaron su labor. Supongo que lo primero que hicieron, como hacemos todos, fue hacer una rápida revisión de los ánimos en redes: ¿Qué tan enojada está la gente? ¿Qué están diciendo? ¿Hacia dónde se están moviendo los debates en Twitter y en Facebook? ¿Qué dicen los memes?


Aunque nadie niega que las opiniones que se discuten en lo público son diversas hasta lo incontable, lo cierto es que luego de un rato es fácil identificar algunas emociones, razones y argumentos que permiten establecer categorías (no muy rigurosas, pero sí muy útiles) en las que agrupar las distintas tendencias de la opinión ante una determinada discusión. En este caso, los propagandistas encontraron un argumento sencillo y potente que sería la base de su estrategia de posicionamiento: no se puede condenar al hijo por los pecados del padre. Y es cierto: Jorge Rodrigo Tovar no tiene la culpa de ser hijo de “Jorge 40”. Hasta donde sabemos, no participó de las masacres, los secuestros, las violaciones, las torturas, los desplazamientos, las desapariciones, los secuestros, las extorsiones y los descuartizamientos que se cometieron por órdenes (o al menos bajo el mando) de su padre. Al pobre Jorge Rodrigo ni siquiera lo invitaron al partido de fútbol que los hombres de su padre, Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”, jugaron con las cabezas de algunos campesinos. Jorge Rodrigo Tovar no heredó los pecados de su padre, pero sí los nombres con que se cometieron.


Al pobre Jorge Rodrigo ni siquiera lo invitaron al partido de fútbol que los hombres de su padre, Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”, jugaron con las cabezas de algunos campesinos. Jorge Rodrigo Tovar no heredó los pecados de su padre, pero sí los nombres con que se cometieron.

En cualquier caso, es cierto. Como lleva desde ayer repitiendo Alicia Arango: en principio (y por fortuna) en Colombia no existen los delitos de sangre, teóricamente al menos, porque ¿acaso no somos todos herederos de la guerra? ¿Acaso no está lleno este país de políticos que eligieron ser políticos porque a sus padres (o madres) los mató la guerra? ¿Acaso Álvaro Uribe no es quien es por el rencor que le quedó tras el asesinato de su padre, a quien, por cierto, se le endilgan también pecados significativos? En fin: eso es otra discusión. El punto es que ese argumento se convirtió en la base de una estrategia de posicionamiento del debate: por ser tan sencillo de entender y ser (además) cierto, ese argumento es lo que permitirá ocultar las demás dimensiones del asunto, que son las que realmente atentan contra la paz y las víctimas, y que, por lo tanto, son las que realmente importan.


A nadie debería importarle que Jorge Rodrigo Tovar sea hijo de quien es hijo. Y en esto (en que a nadie debiera importarle) es en lo que se funda la segunda parte del plan de los propagandistas. Puesto que ya quedó establecido que Jorge Rodrigo no puede ser condenado por los crímenes de su padre y, por consiguiente, “no habría razón alguna por la cual no pudiera ocupar el cargo que ahora ocupa”, la única duda que quedaría sería sobre su idoneidad para el cargo, es decir, si reúne las competencias necesarias para cumplir con las responsabilidades que el cargo demanda. En realidad, esta duda es bastante fácil de resolver: no las tiene, pero no importa, simple y llanamente, porque la cabeza del Estado, como es sabido por todo el mundo, tampoco reúne las competencias necesarias para cumplir con las responsabilidades del cargo que ostenta. Y esto no lo digo solamente por burlarme de la incompetencia militante de Iván Duque (aunque también), sino porque el liderazgo carismático, que fue el que puso a Iván Duque de presidente, funciona muchísimo sobre la base del ejemplo. En tanto es fácil confundir el carisma con la virtud, quienes siguen a alguien por su carisma, fácilmente toman por virtuosas actitudes, decisiones y conductas que pueden ser, de hecho, innegablemente inmorales. Y entonces, y como el presidente no tiene ni la preparación ni la experiencia necesaria para serlo, ¿qué importa que Jorge Rodrigo no tenga formación en Derechos Humanos, Construcción de Paz, Justicia Transicional o cualquiera de las áreas del conocimiento en las que se esperaría estuviera formado el coordinador de la Dirección de Víctimas del Ministerio del Interior?


Y entonces aparece la tercera parte del plan de los propagandistas: la tecnocracia. Jorge Rodrigo podrá no ser experto en derechos humanos, justicia transicional o construcción de paz, pero tiene todas las características del técnico deseado: es abogado, y por lo tanto, supondría uno, sabrá navegar el complejo laberinto de leyes, regulaciones y leguleyadas que es el Estado colombiano. Además, realizó en el exterior algo en Gestión de gobierno y campañas electorales, y tiene una maestría en Alta Dirección Pública, de lo que podría deducirse que tiene las competencias para gestionar eficientemente los recursos del Estado para atender a las víctimas. Por último, tiene una especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, que aunque quizá no le sirva para ejercer el cargo que ahora ocupa, tal vez le sea útil para relacionarse mejor con buena parte de los miembros del partido de gobierno, empezando, claro está, con su jefa directa: Alicia Arango.


El discurso de la tecnocracia es peligroso porque despolitiza la política. Los propagandistas juegan con un sentimiento común y antiguo que compartimos, casi unánimemente, los colombianos: la insufrible ineficiencia del Estado. En mayor o menor medida, todos hemos padecido la oprobiosa incompetencia del Estado hasta para el más mínimo de los trámites: desde expedir un certificado cualquiera (para el que nos piden fotocopias, autenticaciones, firmas y pagos) hasta para reclamar subsidios o recibir beneficios de cualquier tipo, ni qué decir de poner una denuncia. Esta ineficiencia suele explicarse como la consecuencia de las pugnas políticas que tienen lugar en todas las instituciones. Y entonces, y con ofensiva simpleza, se decidió que puesto que la ineficiencia era por culpa de la política, había que sacar a la política de la ecuación, y listo: problema resuelto. La tecnocracia es el resultado de ese razonamiento: si el Estado es ineficiente, traigamos personas eficientes, dejemos que los técnicos y los administradores se ocupen del Estado, dejemos de hablar de política y hablemos mejor de resultados, y ya veremos cómo pronto seremos un país del primer mundo, en donde todo es bonito y funciona. En cuestión de treinta años (desde el gobierno de César Gaviria), las instituciones del Estado, en todos los niveles y jerarquías, se han ido llenando de técnicos: especialistas, maestros y doctores en gestión pública, en alta gerencia, en optimización de procesos, en Alta Dirección Pública o en Gestión de gobierno y campañas electorales y, en general, en toda la gama de formaciones que hoy en día se ofrecen para políticos y CEOs (que tal vez sean la misma cosa, aunque nosotros aún no lo sepamos). Esto, hay que decirlo, no es necesariamente algo perjudicial: este tipo de profesionales son necesarios para mejor navegar la complejidad de los problemas sociales. Lo que sí es perjudicial es pensar que a un técnico, por ser un técnico, no lo atraviesan las cuestiones políticas. Porque (y perdonarán el lugar común) todo es político, porque la política es todo lo que ocurre entre nosotros, y por “nosotros” me refiero a los seres humanos.


Decir que la política es todo lo que ocurre entre nosotros significa exactamente eso: en el momento en que un ser humano se encuentra con otro, aparece la política, independientemente de la naturaleza de esa interacción. Y entonces, que a usted le parezca “natural” que las mujeres, por ser mujeres, deban dedicarse, fundamentalmente, a las labores del hogar y a la crianza de los hijos; que usted esté convencido de que se nace hombre, y se nace mujer, o, por el contrario, de que se llega a serlo; que usted crea que una vida realizada es la de quien se casa con el amor de su vida, consigue dinero y tiene hijos; que usted crea que existen los “amores de la vida”; que usted piense que vivir bien es no tener cuenta bancaria y cultivar su propia comida; que usted considere que una ofensa contra el país en que nació es una ofensa contra usted; que usted crea que los pobres son pobres porque quieren; que a usted le guste el reggaetón y no la música clásica (o viceversa); que usted sienta un placer pequeño y contundente cada vez que recibe un like en una foto, un tuit o en un post cualquiera, y, en general, cualquier cosa que le ocurra o que opine, es política en tanto es el producto de una serie infinita de interacciones entre seres humanos, de las que usted pudo o no haber hecho parte. Y esto incluye la manera en que sus padres lo criaron, y las maneras en que ellos fueron criados. Esto implica las películas, las canciones y los libros que usted ha visto, escuchado y leído a lo largo de su vida. Esto implica, incluso y aunque usted no lo crea, las condiciones en las que se produjeron las pantallas en las que ahora lee este ensayo. Porque la condición de posibilidad de casi todo cuanto nos ocurre es, precisamente, el sinfín de interacciones (materiales e inmateriales) que lo antecede, y la forma de esas interacciones.


Y en ese sentido, en tanto es producto de la interacción humana, el conocimiento, técnico y científico, es también un asunto político. Esto último es muy importante, porque precisamente es invocando la supuesta “pureza” de este tipo de conocimiento como los tecnócratas justifican su naturaleza apolítica. Y aquí sí hay perjuicio y, en no pocos casos, perversidad. Cuando el tecnócrata dice que tal o cual decisión no obedeció a criterios políticos sino a criterios técnicos, está mintiendo, fundamentalmente por dos razones. Primero, porque esos “criterios técnicos” son (como todo) el producto de la interacción entre expertos que tras estudio, revisión y debate, definieron que esos (y no otros) eran los criterios; y lo cierto es que un grupo diferente de expertos, productos ellos también de interacciones diferentes, habrían muy seguramente definido unos criterios distintos. La segunda razón por la que el tecnócrata miente es que sus decisiones técnicas tendrán consecuencias en las interacciones de otras personas: ya sea que se decida si en los documentos oficiales irá la expresión “niños, niñas y adolescentes” en lugar de solo “niños”, o a dónde y a quiénes estarán destinados los recursos de un determinado proyecto, un nuevo sinfín de interacciones se verá afectado por la decisión “técnica” del tecnócrata.


Y en ese sentido, en tanto es producto de la interacción humana, el conocimiento, técnico y científico, es también un asunto político.

Lo que nos trae de vuelta al asunto de Jorge Rodrigo, quien según su hoja de vida parece ser un técnico bastante competente. De esto se agarrarán los propagandistas y algunos incautos que creen (por efecto de la propaganda) que la tecnocracia es una forma de sensatez (tibios, les decimos) para afirmar que no debemos alarmarnos por el nombramiento de Jorge Rodrigo, ni mucho menos condenarlo. Dirán que se trata de un hombre competente y preparado que tuvo la mala suerte de ser hijo de un sanguinario paramilitar, y que por eso, precisamente por eso, deberíamos interpretar ese nombramiento como un paso más hacia la superación de la polarización y la reconciliación de todos los colombianos. La palabra que resume y explica lo anterior (que es lo que dijeron varios miembros del partido de gobierno) es sencilla: hijueputas. Sin embargo, y para que los tecnócratas no puedan acusarme de preferir los insultos sobre los argumentos, daré a continuación una serie de explicaciones “técnicas” de porque quienes afirman que el nombramiento del hijo de Jorge 40 como coordinador de la Dirección de Víctimas del Ministerio del Interior es un gesto de paz y reconciliación son unos hijueputas.


La primera es la confesión que entraña el gesto. Los uribistas llevan casi dos décadas afirmando categóricamente que todo lo que los contradiga es guerrillero, mamerto, comunista, castrochavista, narcoterrorista, vándalo, de izquierda y un largo etcétera. Durante los ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos, los uribistas utilizaron sus aparatos de propaganda para convencer a mucha gente de que cualquier cosa que tuviera que ver con “la paz de Santos” merecía el mismo odio que todas las palabras ya mencionadas. Se hicieron con el gobierno en el 2018 con ese mismo discurso, y desde que es presidente, Iván Duque no ha hecho más que intentar destruir el acuerdo de paz. Con sus palabras y con sus acciones, el uribismo se ha erigido a sí mismo como un enemigo acérrimo de los acuerdos de paz y ahora, que se ha visto obligado a ceder un poco, decir que ese nombramiento es un gesto de reconciliación no es más que otra confesión de lo que todos sabemos (o deberíamos saber ya): el proyecto uribista es un proyecto paramilitar. La relevancia política del gesto radica, precisamente, en todas las interacciones que se verán afectadas por ese nombramiento. Una víctima de los paramilitares (y una víctima, en general) no se acercará del mismo modo a esa institución, sabiendo que tendrá que pedirle ayuda al hijo del hombre que ordenó la masacre de su pueblo, la violación de su hija o la desaparición de su hermano. Más aún, ¿qué pasará cuando el hijo de Jorge 40 deba enfrentar las consecuencias que causaron las relaciones de su padre con muchos de sus ahora copartidarios? Su nombramiento confiesa las afinidades que mueven a quienes lo nombraron.


La segunda razón que explica su condición de hijueputas es que no se trata de un hecho aislado. El nombramiento de Jorge Rodrigo se suma a una ya larga lista de gestos con los que el gobierno confiesa sus intenciones aviesas. Basta con recordar que pocos meses después de ser elegido presidente, Iván Duque intentó (en vano, por fortuna) objetar la Justicia Especial para la Paz. Poco tiempo después, se conoció que habían vuelto las políticas militares bajo las que se cometieron miles y miles de ejecuciones extrajudiciales: esto es (no sobra recordarlo), matar jóvenes inocentes (a veces con discapacidades) y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate para reclamar incentivos, medallas, ascensos, plata o días de descanso. Igualmente, nombró a Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien en poco más de un año destruyó el arduo trabajo del Centro para construir interacciones con las víctimas del país que no estuvieran atravesadas por la entendible desconfianza que las víctimas sienten hacia el Estado y sus instituciones (un trabajo político, por supuesto). Más recientemente, la Federación de Ganaderos, encabezada por José Félix Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal, ambos reconocidos fascistas, hizo público un acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica para la elaboración de un informe que contara una versión de la historia en que los ganaderos del país son unas pobres víctimas de las guerrillas y no, como es de sobra sabido, unos de los principales financiadores del paramilitarismo en Colombia. Todos estos son ejemplos notorios del sistemático ataque que el gobierno de Álvaro Uribe, en cabeza de Iván Duque, ha emprendido contra los acuerdos de paz, la memoria y la verdad de este país. Y lo hacen porque saben que su responsabilidad en la guerra no es menor; que ellos, y a quienes ellos representan, deben a la sociedad demasiadas explicaciones, y que darlas, decir en voz alta lo que confiesan en cada gesto, los acabaría para siempre.



La tercera y última razón de por qué son unos hijueputas es la segunda noticia que mencioné al inicio de este ensayo: la propuesta de Carlos Holmes Trujillo de renegociar los modos en los que se está implementando el Acuerdo de Paz, que es, básicamente, renegociar los acuerdos. No es casual que estas dos cosas ocurran en la misma semana ni del modo en que están ocurriendo. El nombramiento de Jorge Rodrigo es ofensivo por donde se le mire, pero en términos prácticos, es mucho menos grave que lo que está proponiendo Carlos Holmes (quien, ahora que lo pienso, se parece bastante a esos batracios que pintaba Débora Arango, cosa que debería decirnos bastante). En todo caso: poner al hijo de Jorge 40 al frente de una institución que atiende (entre otras) a las víctimas de su padre es una burla a esas víctimas, y al país, y a esta frágil paz. Ese muchacho, que seguramente es un buen muchacho, jamás debería ocupar un puesto semejante, no sólo porque carece de la formación y las credenciales, sino, y principalmente, porque aunque no heredó los pecados de su padre, sí arrastra (por las injusticias del azar) la marca de ser su hijo, y la poca legitimidad que ello le supone de cara a las víctimas a las que atenderá. Y por eso ha sido tan escandaloso el asunto: por todo lo que de ese nombramiento puede interpretarse, por todo lo que sin decir dice (confiesa). No obstante, y precisamente por su capacidad para el escándalo, se trata de una distracción. Lo que debe preocuparnos, realmente, es la propuesta del ministro de Defensa, quien tras su expresión de burócrata bonachón oculta una ambición sin límites.


No es casualidad que esas dos cosas ocurran en la misma semana. Al iniciar este ensayo dije que ambas noticias tenían un lugar en el conocido plan del uribismo para destruir los acuerdos de paz. Y es verdad: más allá de todos los problemas que se nos revelan en el nombramiento de Jorge Rodrigo, lo cierto es que se trata de una distracción. Al final, no es más que una provocación a la que es imposible no responder. Y como son tantas las cosas que pueden decirse de eso (como este ensayo lo demuestra), es fácil pasar por alto el atentado material que constituye la propuesta de Carlos Holmes Trujillo, en pleno debate de control político, citado por el partido de gobierno, para “exponer” los incumplimientos del partido FARC de cara a la implementación de los acuerdos. Es un ataque coordinado a varios frentes: mientras, con ayuda de los propagandistas, distraen la opinión con un nombramiento oprobioso, los congresistas del partido de gobierno convocan a un debate de control político para acusar (falsamente) a la FARC de hacer lo mismo que ellos vienen haciendo desde que son gobierno. Y a ese debate llaman al ministro de Defensa, que está dispuesto a hacer lo que sea para seguir ascendiendo en las jerarquías del fascismo uribista, para que diga que quizá sea momento de renegociar los acuerdos, o por lo menos “los términos de su implementación” (¡como si no fuera lo mismo!) Y esa idea quedará en el aire como un momento de sensatez en medio de “la polarización del país y la necesidad de reconciliación”, y en un par de semanas o meses, algún senador la propondrá con toda seriedad, y habrá otro nuevo escándalo, y Vicky y Néstor y Hassan harán su trabajo de propagandistas del régimen, y harán parecer que ese deliberado atentado contra la paz es un debate razonable, y que los extremistas somos nosotros, que todo el mundo tiene que ceder un poco, y cuando menos pensemos, no habrá acuerdos que cuidar, no habrá paz que proteger, y arreciará la balacera.